El 18 de diciembre de 2023, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz anunció, en una intervención ante la Comisión de Atención a los Servicios, lo que parece ser un nuevo paquete de regulaciones para controlar lo que denominó «distorsiones» del sector no estatal de la economía cubana.

El funcionario aseguró que se habían cumplido dos años desde la promulgación en Cuba del paquete normativo que aprobó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Cumplido el término, el Gobierno estaba en condiciones de «enrutar» las desviaciones detectadas desde septiembre de 2021.

La disposición final CUARTA del Decreto Ley 46 sobre las mipymes estableció que en el término de dos años a partir de la entrada en vigor de la norma el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) debía presentar «una evaluación de los resultados de su implementación y de las modificaciones que se requieran».

Si se atiende la intervención de Marrero Cruz, las modificaciones no serán menores e irán dirigidas a establecer un mayor control estatal sobre la actividad de las mipymes. El paquete normativo que dio lugar a la implementación de los actores económicos fue emitido apenas un mes después de las protestas populares más grandes que ha tenido que enfrentar el régimen cubano en las últimas seis décadas. 

La implementación de las mipymes en ese momento —agosto de 2021— fue considerada por varios analistas un paliativo al descontento social y una forma de desviar la atención sobre la represión que por esos días se desplegó contra los manifestantes.

Pero las declaraciones del primer ministro parecen indicar que el Gobierno, que no tiene la misma presión popular de 2021, siente que puede controlar la inflación (el principal problema económico del momento) como bien lo sabe hacer, poniendo la retranca. 

Para allanar el camino, Marrero aseguró que la población comenta que el crecimiento del número de mipymes demuestra que el Gobierno lo está privatizando todo. Sin embargo, insistió en el hecho de que los criterios están influenciados por el alto nivel de los precios que imponen las mipymes. 

En ese sentido, reconoció que la oferta estatal está deprimida y que las mipymes están adquiriendo en el «mercado ilegal» y a precios muy elevados las divisas que necesitan para importar los productos que después venden sin apenas transformar. Los costos de la divisa adquirida en el mercado informal terminan trasladándose a los precios que tiene que enfrentar la población.

Marrero aseguró que había un grupo de temas que estaban decididos e iban a ser parte de la implementación de nuevas normas diseñadas para el sector no estatal de la economía.

Dentro de los temas zanjados, destaca la decisión del Gobierno de regular la importación «masiva y de manera desordenada (...) de productos terminados o productos listos para la venta». 

Marrero reconoció que la posibilidad que hoy tienen varias mipymes —solo el 4 % de las aprobadas hasta la fecha tienen la comercialización como actividad principal— «más que la solución de un gran problema de cara al pueblo ha sido una dificultad que no [las] conduce a disminuir la inflación y no [las] ha conducido tampoco a disminuir los precios». 

El también diputado por el municipio Gibara reconoció que, al principio del impulso de las mipymes, el Gobierno cubano creó 72 empresas estatales para que importaran los productos que estas necesitaban. 

Asimismo, aseguró que como medida de fomento de ese tipo de actividades establecieron aranceles «extremadamente bajos» porque su Administración no quería que los costos de los aranceles se reflejaran «en los precios de cara a la población». 

Pero el primer ministro dijo también que lo anterior tenía que cambiar porque en la práctica los «estímulos» no han funcionado como tenían previsto y los precios que enfrenta la población siguen siendo muy elevados. Aseguró, además, que su Gobierno iba a regular e iba a tomar un grupo de disposiciones que estimularan, afirmó: «a todo el que importe materias primas para producir en Cuba y desestimulara a todo el que importe productos listos para la venta, sobre todo los que se producen en el país».

El funcionario utilizó varios ejemplos de productos que hoy comercializan las mipymes y cuya importación, según él, no aporta mucho. Mencionó la cerveza, el cigarro y el ron. Sobre este último producto dijo que «nunca en la vida se había importado» en Cuba.

De lo que aseguró Marrero se puede colegir que las autoridades cubanas, ante su imposibilidad de aumentar el nivel de oferta, están pensando en atacar directamente los márgenes de ganancia que hoy tienen las mipymes y sus socios. En ese sentido, el primer ministro fue explícito al asegurar que había que resolver los márgenes de utilidades tan exagerados de las mipymes. 

La idea está en sintonía con el informe rendido por el ministro de Economía y Planificación el 18 de diciembre de 2023 ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Alejandro Gil Fernández aseguró que uno de los problemas fundamentales que enfrenta la economía cubana es la «especulación y elevados precios muy por encima de los costos y con amplias cuotas de ganancia, principalmente en el sector no estatal». 

El diagnóstico se justificó después con los valores oficiales que reconocen que la inflación interanual en Cuba ha sido de un 30 % en 2023 (pero en igual período, en el sector estatal de la economía solo ha crecido un 6 %, mientras que en el sector no estatal lo ha hecho en un 62 % y en el sector agropecuario, un 72 %).

En un ambiente como el cubano, el uso de los números para justificar el mal desempeño de la economía en 2023 y la intervención del primer ministro son suficientes para imaginar el preludio de un nuevo marco restrictivo destinado a cumplir con el mandato constitucional de evitar la acumulación de riquezas en manos privadas.

En ese sentido, Marrero dijo: «en ningún país del mundo personas con pequeños y medianos negocios se hacen millonarios». Agregó que si el Gobierno había aprobado tantos actores económicos era para generar una «competencia positiva» e influir en los precios. Para lograr ese objetivo, reconoció, había que exigir fichas de costos y márgenes de ganancias razonables, porque no podía ser que en un día la gente quisiera volverse «millonaria».

En el tema de los precios, tanto Marrero como Johana Odriozola (viceministra de Economía) insistieron en las desigualdades que enfrentan los sectores estatales y no estatales. Dijeron que las nuevas medidas a implementar establecerán reglas parejas para ambos, incluidos los mecanismos de determinación de los precios.

Entre las «desviaciones» del sector no estatal que Marrero aseguró debían enfrentar también estaban las sub declaraciones y las evasiones fiscales. Dijo que en la actualidad habían detectado varias mipymes que declaran tener pérdidas, pero que en realidad tienen irregularidades contables.

El primer ministro afirmó que «se habían metido en eso» y que estaban haciendo un levantamiento de las mipymes que tenían esa situación. La conclusión que podían sacar hasta la fecha, añadió, era que, en su mayoría, no estaban teniendo pérdidas sino evadiendo impuestos. 

Enfatizó que la conducta más común que habían detectado era que los socios cargaban la inversión completa del negocio como gastos y eso no se podía hacer. 

Marrero no refirió cuál es la norma que prohíbe una conducta como la anterior en Cuba, pero aseguró que todo el mundo sabía que lo que se hacía con la inversión era «diferirla» o «prorratearla», pero no cargarla directamente a gastos. 

El funcionario aclaró: «no puede ser que tú invertiste y de momento quieras ponerle a los precios y a tu contabilidad todos los gastos. Eso hay que diferirlo en el tiempo de forma razonable» y «hay hasta normas para ello». 

Insistió en que el cliente no es el que tiene que pagar las diferencias, porque eso no lo hace nadie, ni las empresas estatales. Por ende, había que revisar y corregir los procedimientos de las mipymes. 

Asimismo, aseguró que estaban actualizando las normas sobre los proyectos de desarrollo local porque también habían encontrado distorsiones en ellos. 

En el informe rendido por Odriozola se aseguró que hay más de 180 mipymes que funcionan como proyectos de desarrollo local en el país, pero Marrero reconoció que habían detectado que algunas de ellas utilizaban el mecanismo para evadir los límites de contratación impuestos por las normas vigentes para la organización del sector no estatal de la economía.

La norma vigente para las mipymes establece que solo pueden contratar hasta 100 empleados, límite que no tienen los proyectos de desarrollo local. 

Marrero Cruz dijo también que había que actualizar detalles como los anteriores en «beneficio del municipio» y de la «localidad».

Ni Marrero ni Gil ni Odriozola dijeron a las claras cómo pretenden corregir las desviaciones mencionadas. Pero la historia ha demostrado que el régimen del Partido Comunista, en su afán de corregir y ante la falta de otras alternativas, apela siempre al control estatal y a la represión.

Gil aseguró que otra de las causas de la situación actual de la economía cubana era la «no efectividad de las medidas adoptadas para el control de los precios» y «el reiterado incumplimiento de lo establecido». Aseguró que las multas que se imponen para contribuir al control muchas veces no representan una «penalidad real» porque, aseguró: «se pagan fácil a partir de que (...) las grandes utilidades que se obtienen son suficientes para enfrentar cualquier penalidad de las que tenemos establecidas desde el punto de vista de las multas».