A pocos días de publicada la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), una de las mayores incertidumbres del sector privado se refiere a los tipos de contrato que ahora, de forma obligatoria, deben establecer con entidades y comercializadoras estatales quienes tengan una licencia de comercio mayorista como actividad principal.

Aunque las autoridades no han dado detalles sobre el asunto, y faltarían 120 días para la aplicación de la norma, las posibles «opciones» contractuales podrían encontrarse en los antecedentes de los «encadenamientos» entre el sector privado y el estatal. 

Una de las primeras «camisas de fuerza», aplicadas por el Gobierno cubano a los emprendedores, fue la obligatoriedad de contratar a comercializadoras estatales para realizar las actividades de importación y exportación. 

La medida, establecida en la Resolución 315 de 2020 y criticada en varias ocasiones por los economistas y dueños de negocios, se justificó con la «experiencia comercial y los recursos y logística» que tendrían esas entidades para favorecer al sector privado. 

Tales «ventajas» se emplearon como argumento, una vez más, de las autoridades para explicar el establecimiento de la Resolución 56/2024.

Sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido que las comercializadoras estatales no siempre han sido eficientes en su labor y han provocado no solo retrasos y desorganización en la importación y exportación de mercancías, sino además pérdidas a los emprendedores y hasta casos de corrupción. 

Los impactos no deseados provocaron que, de las 73 empresas estatales autorizadas para el comercio exterior en 2023, a 24 se les revocaran sus licencias. También que la resolución 315/2020 fuera derogada por la 166/2024. 

Entonces, ¿por qué se empeñan en repetir la fórmula?

Vivir de comisiones 

La Resolución 166/2024 establece el pago de comisiones a las empresas del Ministerio de Comercio Exterior (Mincex) que figuran hoy como intermediarias. Algunas, comentaron a elTOQUE varios emprendedores, cobran por un servicio que no brindan. 

«Nosotros buscamos los proveedores, ponemos el transporte, tenemos alquilados almacenes, presentamos todo “bien masticadito” y ellos solo ponen el nombre en el contrato. Hay algunas experiencias de personas a quienes sí les han facilitado los procesos, pero creo que son los menos. La obligatoriedad de contratarlos es un poco frustrante cuando le toca al dueño del negocio hacerlo todo», dijo el socio de una mipyme tunera. 

Según contó, en los últimos meses, con la crisis de energía, los procesos de comercio exterior se han retrasado más porque las comercializadoras estatales no trabajan cuando hay apagón. 

Algunos auguran que el escenario del comercio exterior del sector privado será similar ―por no decir el mismo―, que el del comercio mayorista.

«Estas medidas son para tener más control de las operaciones de los negocios, más datos para luego auditar, para evitar la evasión fiscal y poder recaudar más dinero a través de tributos. Solo eso. Otro escenario no tiene sentido porque no lo pueden cumplir», dijo a elTOQUE un emprendedor.

Según explicó, está seguro de que el comercio mayorista continuará funcionando casi de la misma forma, pero ahora con el Estado de intermediario. «Hacer otra cosa sería darse un tiro en el pie». 

De acuerdo con su opinión, ahora los que comercialicen de forma minorista tendrán que dejar claro quiénes son sus proveedores mayoristas, y podrán comprar con normalidad, con las entidades estatales de por medio y transparentando las operaciones de compraventa. 

«Es cierto que existe mucha subdeclaración, que la contabilidad no siempre está bien hecha, a veces conscientemente y a veces porque las condiciones económicas y financieras cubanas ponen muchos escollos para llevar todo al dedillo», dijo el socio de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). «Claro, no niego que seguramente habrá un impacto negativo sobre algunos negocios». 

Otro emprendedor recordó que, aunque es obligatorio pasar por el Estado, no es la única alternativa. «Los mayoristas siempre pueden abrir más puntos de venta, más tiendas online, más opciones para vender ellos mismos sus productos y pasar poco, o nada, por el Estado», dijo.

Posibles contratos

Un documento de preguntas y respuestas sobre la Resolución 56/2024 publicado por el Mincin explicó que «en el Decreto 310/2012 se regulan los tipos de contratos, que se pueden establecer entre ambas partes».

También se pueden establecer otros que no están específicamente definidos por una ley o reglamento y dependen de la voluntad contractual de las partes involucradas. 

Según declaró a la prensa el viceministro primero del Mincin Yosvani Pupo Otero, no solo se harán contratos de compraventa, «hay muchas relaciones que se pueden establecer: de producción y servicios, de suministros, de consignación, de comisión; elementos que pueden fortalecer las dos partes desde el punto de vista de la voluntariedad de los privados con el estado». 

«Tenemos comercializadoras con experiencia, infraestructura y transporte que puede ser beneficiosos para ambos», dijo Pupo Otero. 

Según explicó, no tiene por qué existir un costo adicional en las relaciones contractuales privado-Estado. Ejemplificó que, si una mipyme importa varios contenedores por sí sola y tiene un grupo de costos asociados al personal, arrendamiento y transportación, hacerlo con el Estado le favorecería porque esas entidades tienen experiencias, manejos logísticos de mercancías, etcétera, que puede disminuir costos y, por ende, precios finales.

El viceministro primero del Mincin añadió que, si un privado importa materias primas, puede usarlas con las capacidades industriales y subutilizadas en el país, y disminuir así los costos de la importación de productos terminados. También añadió que el Estado puede poner a disposición del sector privado la infraestructura productiva y su red de establecimientos minoristas. 

«Es un paso burocrático más, una tabla de salvación para varias empresas estatales que hoy solo generan pérdidas y con esta obligatoriedad podrán ingresar algo: por arrendamiento, por comisión, por algún servicio mínimo», dijo a elTOQUE el socio de una SRL. «No creo que la compraventa sea algo que puedan hacer porque, o no habría posibilidad de pago en divisas, o los privados luego no tendrían cómo sacar ese dinero para pagarle a los proveedores extranjeros». 

Según reflexionó, es muy probable que ―como en otras ocasiones― en el Mincin no tengan ni siquiera una idea concreta de cómo lo van a hacer. 

Su teoría está en concordancia con la reiteración de la «gradualidad» de este proceso, en los mensajes de los funcionarios del comercio interior cubano. 

Una empresa eficiente con otra no tanto

A pesar de los posibles beneficios que aseguran los funcionarios cubanos, una buena parte de los emprendedores ve con desconfianza la Resolución 56/2024. 

Si como algunos han augurado, la resolución se concreta con el «encadenamiento» privado-estatal para que este último aproveche y disponga de los productos importados por los privados, sería unir un «eslabón» oxidado con otros funcionales. 

Las propias autoridades cubanas han informado sobre un aumento de las entidades estatales con pérdidas desde el inicio del ordenamiento en 2021, varias de las cuales pertenecen, justamente, al comercio interior. 

La resolución afecta a todos los actores económicos que participan en la cadena de suministros, desde la importación de mercancías hasta su distribución dentro del país, tanto para el consumo intermedio como final. 

«¿Quién va a suplir con eficacia, rapidez y solvencia lo que de una u otra forma venían haciendo esos actores? Se verán los efectos: mayores precios, menor oferta y menor recaudación fiscal, así como más intermediarios y dificultades para cerrar el ciclo del comercio», auguró el economista Julio Carranza. «No es así como se regulan los mercados y se pone orden en la dinámica de una economía en situación crítica, ni como se combate la inflación, todo sobre una población fatigada y acosada por las incertidumbres». 

Según una publicación en la página del Mincin en Facebook, tras la entrada en vigor de la resolución realizaron encuentros con el sector privado «para explicar los beneficios de la resolución y esclarecer algunas dudas relacionadas con la comercialización mayorista». 

Por ejemplo, la directora comercial de Gran Comercial, Yanelis Mojena, explicó que realizan ventas de bienes de productores nacionales e internacionales, de productos de importación y producción nacional en consignación, servicios de importación y exportación a las formas de gestión no estatal, servicios generales y de arrendamiento de locales y espacios; entre otros.

«Más pagos y más comisiones para esas empresas es lo que están buscando», comentó el contador de una mipyme a elTOQUE. «Ahora quieren que una parte de los ingresos privados se quede dos veces en las mismas empresas comercializadoras estatales: una vez para importar y luego otra para vender». Su análisis no carece de lógica.

Si en algo coinciden las personas entrevistadas por elTOQUE ―economistas, emprendedores y otros cubanos― es que no existen en Cuba las condiciones ideales para aplicar las medidas que introduce la resolución al pie de la letra. 

Otros aseguran que esta es una estrategia del Gobierno para salvar «la empresa estatal socialista» con los recursos del sector privado. 

La idea estaría en concordancia con las declaraciones del primer ministro Manuel Marrero Cruz en el IX pleno del Partido Comunista de Cuba, cuando reconoció que en 2024 no pudieron incrementar la producción nacional, e hizo énfasis en la falta de aprovechamiento de las capacidades instaladas.

Mientras la mayoría augura un escenario de cierre de negocios, desabastecimiento, desconfianza para futuros inversores y discriminación con el sector privado; otros argumentan que el sector privado se «reacomodará» y esperan que no sea tan terrible la relación contractual obligatoria con el Estado. Esperar para ver.