Un lucrativo mercado de documentos falsificados para obtener la nacionalidad española sigue activo en Cuba. La más reciente denuncia se emitió desde el Archivo Histórico Diocesano de Ourense que gestiona estos expedientes en Galicia. El costo oficial del servicio es de solo 10 EUR, mientras que en la isla los mismos certificados pueden alcanzar los 3 000 EUR. 

Pablo Cid, responsable del Archivo, explicó a un medio local español que, en el último mes, han notado una exigencia inusual del Consulado español en La Habana: «Ahora nos piden que los documentos lleven la firma del vicario. Al principio no entendíamos por qué, hasta que descubrimos que estaban falsificando nuestros certificados».

La demanda de estos documentos ha experimentado un notable incremento a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que permite a los descendientes de españoles, en segunda y tercera generación, obtener la nacionalidad. Tras anunciarse que el plazo para las aplicaciones cierra en octubre de 2025, los archivos han recibido numerosas solicitudes, especialmente desde Cuba, Argentina, México, Venezuela y Puerto Rico.​

Pero no solo los falsificadores han encontrado negocio en este proceso. Cid denuncia que bufetes de abogados están actuando como intermediarios, elevando el costo de la gestión. «Nosotros cobramos 10 EUR, pero sabemos que luego los revenden por 200 o 300 EUR», asegura.​

El Archivo Histórico Diocesano de Ourense, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Galicia, conserva más de 12 000 libros parroquiales de las 700 parroquias de la provincia, algunos con registros de hace cinco siglos. Sin embargo, la recuperación de documentos no siempre es sencilla. «Muchos archivos se han perdido con el tiempo o en incendios, como en Trasmiras y Barbadás», señala Cid.​

El tiempo se agota y con él aumenta la desesperación de quienes ven en un papel la posibilidad de salir de la miseria o de escapar del autoritarismo cubano. Mientras tanto, en Cuba, algunos han encontrado una forma de explotar esa necesidad, vendiendo esperanzas con un papel falsificado.​

La situación se complica aún más debido a las demoras y dudas que comprometen el último año de la Ley de Memoria Democrática. A pesar de que la normativa está en vigor hasta 2025, las instituciones cubanas enfrentan desafíos para manejar el volumen de solicitudes y garantizar la autenticidad de los documentos presentados. 

Un texto de elTOQUE, publicado en enero de 2025, advirtió que varios usuarios de la red social X denunciaron largas demoras en la emisión de credenciales por parte del Consulado Español en La Habana. Según sus quejas, algunos solicitantes llevaban más de diez meses esperando por este requisito indispensable para agendar una cita y presentar su expediente de nacionalidad.

Las publicaciones incluyeron capturas de pantalla del portal de citas Bookitit, donde se observaban turnos disponibles durante la semana. Sin embargo, los usuarios precisaron que estas citas quedarían sin uso porque sin credenciales no podían acceder al sistema.

Además, la digitalización de registros públicos en Cuba ha sido lenta, lo que dificulta la verificación de documentos y abre la puerta a los procesos fraudulentos. Aunque se han implementado iniciativas para agilizar los trámites, la realidad es que muchos solicitantes enfrentan largos períodos de espera y obstáculos burocráticos. ​

Por otro lado, las autoridades españolas han tomado medidas para flexibilizar el proceso de obtención de la nacionalidad. Recientemente, se ha permitido la presentación de solicitudes de cita previa a través de herramientas telemáticas, lo que busca agilizar las peticiones de nacionalidad por opción. Sin embargo, esta medida también ha sido aprovechada por intermediarios que buscan lucrar con la desesperación de los solicitantes. ​

El 11 de noviembre de 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció cambios en las normas para solicitar la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática. Ahora, quienes gestionan su cita a través de plataformas digitales deben recibir un acuse de recibo que certifica la solicitud dentro del plazo legal, aunque la cita presencial sea posterior a octubre de 2025. La modificación entró en vigor el 12 de noviembre de 2024.

No es la primera vez que ocurren denuncias por fraudes relacionados con el proceso legal. En agosto de 2023, el acceso a una cita para tramitar la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática en Cuba, se convirtió en un negocio clandestino. En grupos de Facebook y contactos de WhatsApp, los precios ofrecidos iban desde 15 000 CUP hasta 300 USD.

Una publicación de elTOQUE señaló que el pago solo se efectuaba tras la confirmación de la cita. En junio de ese año, el diario español ABC denunció el cobro de 150 EUR por cita y recordó que su venta está prohibida. El Consulado General de España en La Habana también indicó en su página web que las citas son «personales, intransferibles y gratuitas».

Para muchos, se trata de una carrera a contrarreloj, donde la burocracia y el fraude van de la mano. En ese contexto, las autoridades españolas recomiendan que los solicitantes estén informados y eviten recurrir a vías ilegales que puedan comprometer el proceso. 

¿Pero, qué hay detrás? La avalancha de solicitudes ha desbordado los registros y ha retrasado la entrega de documentos clave como certificaciones de nacimiento y partidas de bautismo. La falta de respuesta hace que personas desesperadas decidan acudir a intermediarios para «agilizar» la búsqueda. Además, obtener certificados en archivos civiles y eclesiásticos de forma telemática no siempre es sencillo, especialmente cuando los datos del antepasado no son exactos o los registros han desaparecido.