El doble campeón olímpico cubano Robeisy Ramírez defenderá su título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo en Japón el 25 de julio de 2023. El peleador retador será el japonés Satoshi Shimizu. La pelea se disputará en 12 asaltos.

En las últimas horas, el peleador cienfueguero y su equipo anunciaron que personal de la Embajada de Cuba en Tokio contactó a la televisora que transmitirá la pelea para prohibir la reproducción del himno nacional del archipiélago durante el evento. De acuerdo con los gestores del tope, la televisora les informó que Robeisy tenía la posibilidad de entrar al cuadrilátero con el himno nacional de Estados Unidos o con otra melodía. 

El boxeador anunció que no entraría bajo concepto alguno acompañado del himno de EE. UU. porque es cubano y su patria y su himno son los de la isla. No obstante, reconoció que la negativa del uso del himno cubano en su pelea es una falta de respeto; dijo que no entiende cómo en Japón pueden ceder ante una exigencia así.

Robeisy informó en una comunicación posterior que durante la pelea, además, no le permitirán portar la bandera o usar un short que tenga estampada la enseña nacional cubana.

Dos temas fundamentales destacan de lo que hoy vive Robeisy Ramirez. El primero tiene que ver con la influencia desproporcionada ―si se atiende al tamaño y capacidad económica real― que tiene el régimen cubano en cualquier lugar del mundo. Una capacidad que se demuestra no solo en la incidencia que pueden tener en la política de otros Estados, sino también en eventos y actores privados como los que gestionan la defensa del título mundial de boxeo. 

La ONG Archivo Cuba publicó en 2021 el informe «La sobredimensionada influencia de Cuba», el cual analiza la excesiva presencia internacional del Estado cubano. El documento señala que Cuba mantiene 126 embajadas, 20 consulados y 43 diplomáticos en la ONU, a pesar de su situación económica.

Destaca, además, que Cuba supera en más de 30 el número de embajadas de países desarrollados y con población similar (Suecia, Bélgica, República Checa y Grecia). Además, la presencia internacional del régimen de La Habana supera a países como Canadá (cuenta con 106 embajadas y 32 diplomáticos en la ONU, a pesar de tener más de 37 millones de habitantes y ser una de las 10 economías más grandes del mundo).

La sobredimensionada presencia de Cuba en la arena internacional le permite al Estado mover los hilos, encontrar espacios y contactos, exigir favores y amenazar con acciones de diferente índole para lograr, por ejemplo, que un pugilista de talla mundial formado en la escuela cubana de boxeo no pueda hacer uso de lo que los burócratas entienden como sus símbolos y no los de todos los cubanos. 

En segundo orden, el gasto en esfuerzos y gestiones para lograr un acto política y económicamente poco rentable para el sistema cubano (como impedir que Robeisy use la bandera en una tierra remota para mostrar su orgullo de ser hijo de Cuba) demuestra, además, que las penas que sufren Luis Manuel Otero Alcántara y Aniette González solo responden a intereses vindicativos. Intereses que alcanzan por igual a quienes se encuentran en la isla o fuera de ella y que pretendan reivindicar ―con su talento y en paralelo― su condición de «anticastrista» y patriota.

El acto del régimen cubano con Robeisy no persigue lucrar o defender la dignidad cubana, sino enviar una señal de poder a sus adversarios. La misma señal que enviaron a principios de 2020 cuando Luis Manuel Otero Alcántara llevó a cabo el performance «Drapeau», en el que utilizaba la bandera nacional para cubrir su cuerpo durante las actividades diarias. En aquel entonces, Otero Alcántara fue encarcelado por un lapso de 13 días y se programó una fecha tentativa para su juicio; pero luego fue liberado gracias a una campaña liderada por actores de la sociedad civil cubana e internacional.

Dos años después de su liberación, las autoridades cubanas volvieron a acusar a Luis Manuel Otero y lo sancionaron por los hechos bajo igual delito (ultraje a los símbolos patrio). Desde julio de 2021 se encuentra en prisión. 

Se trata también del mensaje que envió la Administración de Díaz-Canel cuando, tras una campaña («La bandera es de todos») que lideró el activista cubano Héctor Luis Valdés Cocho para exigir la liberación de Otero Alcántara, encarceló a la activista Aniette González, residente en Camagüey. González publicó fotos suyas cubierta con la bandera cubana. Desde entonces permanece en prisión.

La negativa de permitir el uso de los símbolos nacionales para expresar posicionamientos contrarios al Partido Comunista es una política que impulsa el régimen de La Habana para profundizar la división de la nación cubana. El accionar no responde a un sentimiento nacionalista o proteccionista, sino a la lógica ―tantas veces expresada por el Estado y su propaganda― de las autoridades cubanas de considerar «cubanos» (dignos o bien nacidos) solamente a quienes, originarios del archipiélago, apoyan su gestión o no se oponen a ella de manera abierta. 

Una lógica que se ha cultivado a lo largo de los años a partir de la conjunción impulsada desde el poder de los conceptos «Revolución» y «patria».

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