En el ámbito legal, la «culpa in vigilando» es una responsabilidad especial que se aplica a quienes tienen un deber específico de vigilancia sobre otras personas (padres, titulares de centros educativos, empleadores). Un ejemplo sería la responsabilidad de los padres por los daños causados por un menor de edad.

En el Derecho administrativo cubano existe una variante de «culpa in vigilando» llamada «responsabilidad colateral». La responsabilidad recae sobre dirigentes y funcionarios estatales que, sin ser responsables de hechos cometidos por sus subalternos, tienen la responsabilidad de evitar que estos acontezcan. 

Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, fue acusado de cometer «graves errores» en el «desempeño de sus funciones» durante la emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión del 7 de marzo de 2024. La nota oficial asegura que Gil será puesto en manos del Ministerio del Interior para esclarecer las conductas por las cuales se le acusa.

La posible acción penal contra Gil Fernández motiva una pregunta, más allá del accionar del exfuncionario. ¿Dónde quedó la «culpa in vigilando» y la «responsabilidad colateral»?

Prefiero no hablar de Gil, su destino es el fruto de sus decisiones. El resultado de participar activa y conscientemente en un sistema que no entiende de reglas de justicia o de debido proceso. El resultado de haber contribuido a que otros como él sufrieran la furia de los privilegiados. 

Prefiero hablar de lo que hay detrás de la noticia. Gil puede ser, como muchos en su posición, un funcionario mentiroso y corrupto, pero su falta de honestidad no es la raíz de los problemas actuales en Cuba. La muestra más fehaciente es que hace apenas un mes, Díaz-Canel (por partida doble) y el Ministerio de Economía y Planificación se desbordaban en agradecimientos y abrazos en la red social X hacia quien hoy es catalogado de corrupto e insensible.

El 2 de febrero de 2024, los medios oficialistas anunciaron la destitución de Alejandro Gil y de los titulares de los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la Industria Alimentaria. La medida fue presentada como «movimiento de cuadros».

La propaganda cubana, liderada por una periodista recientemente galardonada con el Premio Nacional de Periodismo y miembro del equipo de comunicación de Díaz-Canel, aseguró que tras la destitución de Gil se desató una campaña de desinformación impulsada por los medios del sur de Florida. 

Los propagandistas afirmaron que los «analistas de pacotilla» omitieron la información oficial en la cual se reconocía la dedicación de los destituidos a la tarea y que asumirían otras responsabilidades. También resaltaron que, en comparación con otras destituciones, la de Gil fue acompañada por un reconocimiento público y notorio a sus esfuerzos en momentos difíciles para la nación. Como ejemplo de que no había «truene» alguno mencionaron el mensaje de Díaz-Canel en X, que «fue respondido con palabras de dignidad y altura por los afectados».

La apología de Arleen Rodríguez y compañía a Alejandro Gil Fernández en el podcast «Chapeando bajito contra las fake news» envejeció muy rápido. Pero dejó un párrafo imprescriptible y que podría ser utilizado por la defensa de Gil —si es que algún día lo enjuician—: «Los ministros relevados [en Cuba] no se van, como en otros países, con la cartera llena. Son compañeras y compañeros que terminan una tarea realmente dura y demandante que ha supuesto esfuerzo y entrega».

Muy mal parada ha quedado la propaganda cubana al ser desmentida y desacreditada no por el fact checking de medios de prensa independientes —lo cual es costumbre—, sino por la narrativa del poder al que sirve. Hoy, lo que queda —aunque borren los textos—son muestras de una propaganda que defendió otra mentira, la integridad de un funcionario que el poder llama corrupto. 

Muy mal parado queda también Díaz-Canel al reconocer que colaboradores de su círculo más íntimo han estado «simulando» para sacar provecho de su cargo mediante actos de corrupción. La ingenuidad y el desconocimiento de lo que hacen los subalternos no exime de responsabilidad a quienes tienen el deber de vigilar y controlar. Nadie tiene mayor culpa in vigilando sobre los actos de su gabinete que el «presidente». Mucho más, si hablamos de Cuba, donde la ley establece que para exigir responsabilidades colaterales a los jefes no hace falta que estos estuviesen vinculados directamente con el accionar ilícito de sus subalternos.

En noviembre de 2023, António Costa, primer ministro socialista de Portugal, dimitió después de ocho años en el cargo. La razón, un escándalo de corrupción que no lo incluía a él, sino a varios miembros de su gabinete. En el momento de la renuncia, Costa dijo que el escándalo lo tomó por sorpresa, pero que «la dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo».   

Bajo estos argumentos, en un país con una democracia medianamente estructurada, la ingenuidad debería ser motivo suficiente para la inhabilitación política y administrativa de cualquier dirigente. Pero en Cuba no hay democracia alguna. Por eso, el inicio de un proceso penal en contra de Gil puede tener lecturas adicionales.

La entrega de Gil a la justicia, apenas un mes después de haber sido destituido, alabado por Canel y defendido por la propaganda más cercana al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, parece que persigue afectar aún más el capital político —de por sí disminuido—de Díaz-Canel.

El anuncio de un proceso penal contra Gil, después del festival de abrazos de Canel y de la apología de la propaganda, muestra a Miguel Mario como un tonto. Como una persona sin control de lo que sucede en su círculo más cercano. Lo dibuja como alguien incapaz de definir con certeza en quién pone sus afectos y los destinos del país. Pero más que nada, lo muestra —como muchos saben—como una persona sin poder.

El comunicado que anunció el inicio de acciones penales contra Gil menciona que se realizó una «exhaustiva investigación». Sin embargo, o la investigación se llevó a cabo en un mes (lo que no la caracterizaría de profunda, sino como una farsa) o estaba en curso desde hace tiempo y los organismos de seguridad y quienes los controlan optaron por no informar a Díaz-Canel. Prefirieron justificar la destitución del ministro con razones distintas, permitiendo que el «mandatario» y su gabinete elogiaran y respaldaran públicamente a alguien que sería procesado en pocas semanas.

En este punto, la segunda hipótesis parece ser más probable que la primera. Gil era la persona más cercana y fiel a Canel, su tutorado de tesis doctoral. La primera persona que parecía escogida directamente por Canel para acompañarle en su nuevo cargo de «presidente» y que sustituyó, nada más y nada menos, que a Marino Murillo, un funcionario de Raúl Castro. La respuesta a la traición de una amistad como esa no se puede disimular con elogios. En el mejor de los casos se disimula con silencio. Silencio fue lo que menos caracterizó a Canel después de la destitución de Gil. 

Entonces, Díaz-Canel fue mantenido al margen. Por eso, el anuncio del inicio de un proceso penal contra Alejandro Gil Fernández demuestra que el poder de Díaz-Canel es muy limitado. 

Una de las formas fundamentales de expresión del poder real en el totalitarismo insular cubano siempre ha sido la capacidad de ofrecer impunidad o de reprimir salvajemente. 

Felipe Pérez Roque, Carlos Valenciaga y Carlos Lage no fueron menos corruptos que lo que pudo haber sido Alejandro Gil. Sin embargo, el poder real cubano decidió —porque era políticamente más rentable— destituirlos y concederles impunidad. Por su parte, Juan Carlos Robinson pudo haber sido tan corrupto como Alejandro Gil, Carlos Lage, Carlos Valenciaga y Felipe Pérez Roque, pero el poder real entendió que lo políticamente redituable en ese momento era judicializarlo e imponerle 15 años de prisión.

El enjuiciamiento de Alejandro Gil Fernández, no parece ser redituable para Canel, al contrario. Pero Díaz-Canel tampoco parece tener la capacidad de ofrecer impunidad a quien hubiera preferido mantener en plan pijama. 

Quien se beneficia con el inicio de un proceso penal en contra de Gil es el poder real en Cuba. El poder que, con Canel o sin él, debe enfrentar un creciente descontento social ante la crisis sistémica que vive el país y en ese enfrentamiento, ofrecerle una víctima a un pueblo ávido de responsables, siempre es beneficioso. 

A su vez, la posible imputación de Gil beneficia al poder real porque profundiza la afectación a la imagen política de quien pudiese ser su próximo sacrificio, Díaz-Canel.

La inesperada movida con Gil demuestra que Díaz-Canel puede detentar nominalmente los más altos cargos del Estado cubano, pero es tan funcionario intermedio como lo fue Gil. Díaz-Canel no es «el jefe». Díaz-Canel es un cuadro al que solo le ha sido perdonada, por esta vez, la colateral.

Un cuadro al que, con el anuncio del enjuiciamiento de Gil, le han hecho un conteo de protección. Un cuadro que, como muchos pronosticaron cuando fue designado, podría perfectamente convertirse en el próximo chivo expiatorio del desastre que se gestaba debajo de su silla, mucho antes de él sentarse. Es más fácil justificar el sacrificio de una víctima disminuida que de una saludable y aclamada.

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