El Ministerio de Justicia (Minjus) asumió la función de legalización de documentos cubanos y extranjeros para surtir efectos en el exterior y en el territorio nacional desde el 3 de febrero de 2025. La tarea correspondía hasta ahora al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex). 

La modificación fue establecida por un acuerdo del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial, mediante el cual se actualiza el procedimiento regulado desde 2014. En adelante, las entidades de servicios jurídicos autorizadas deberán presentar sus solicitudes directamente ante el Minjus.

El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silveira Martínez, y el viceministro primero del Minrex, Gerardo Peñalver Portal, aseguraron que el proceso se desarrollará «sin interrupciones» y con apego a los plazos establecidos. Sin embargo, el trámite de legalización de documentos es motivo de reiteradas quejas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía debido a las demoras y a la acumulación de expedientes.

Durante la ceremonia de traspaso de funciones trascendió que el objetivo del cambio radica en integrar el proceso que se desarrolla desde las entidades regristrales, bufetes y consultorías, por un lado; y la unidad de legalizaciones, por otro. En 2024 se legalizaron 1 500 000 documentos, a razón de 4 100 al día.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla aseguró en la red social X que desde mayo de 2024 se había reducido el tiempo de espera del procedimiento a diez días gracias a medidas implementadas desde 2023 para revertir los retrasos acumulados. No obstante, el Minrex reconoció que el trámite podría enfrentar dificultades debido a la situación actual del país y a la participación de diversas entidades en el proceso.

Una encuesta realizada por elTOQUE unos meses después del anuncio del titular de Exteriores —y que contó con la participación de 583 miembros de la audiencia— confirmó que persistían las demoras y trabas. El 56 % de los encuestados dijo llevar «un mes —o más— de espera», mientras que solo el 13 % validó las palabras de Rodríguez Parrilla.

De acuerdo con una nota publicada por Oncuba, directivos de bufetes y consultorías jurídicas advirtieron que una de las principales causas de las demoras radica en los trámites previos que deben realizarse en distintos organismos, como el Ministerio de Justicia, el de Educación Superior y el de Salud Pública. Estos procesos incluyen el reconocimiento y la certificación de documentos antes de su legalización, lo que a menudo depende de la capacidad operativa de cada entidad.

En los últimos años, el país experimentó un incremento sustancial de la demanda de los servicios de legalización de documentos debido a la crisis migratoria y, en particular, luego de la entrada en vigor de la ley de nietos, que ha permitido a decenas de miles de cubanos nacionalizarse como españoles. A pesar de las medidas anunciadas para agilizar estos procesos, las demoras han persistido y generan inconformidades entre los ciudadanos.

El Ministerio de Educación figura como una de las instituciones que más demoras reporta, según reconocieron funcionarios estatales. Lena Álvarez, directora general de Consultoría Jurídica Internacional, lo calificó de problema «histórico» y advirtió que las universidades pueden tardar entre seis meses y un año en expedir certificados de notas o planes de estudio. La situación en otras provincias suele ser peor que en la capital. 

El cambio de competencia hacia el Minjus plantea la incógnita de si se logrará mejorar la eficiencia del proceso o si, por el contrario, las dificultades estructurales seguirán afectando los tiempos de respuesta.

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